La catastrófica situación del sector financiero español y las decisiones que socialistas y populares de manera conjunta han ido tomando en los últimos tres años llevan a pensar que España se ha convertido en el mundo al revés.
Los ciudadanos, que sufren recortes de derechos y subida de impuestos, por decisión de PSOE y PP, están prestando dinero a los bancos para que estos no quiebren, mientras los bancos que deberían garantizar la función social del crédito para que funcione nuestra economía no prestan dinero a los ciudadanos ni a las empresas que quiebran en muchos casos por falta de crédito.
Además, la mayoría de entidades que están siendo rescatadas con dinero público siguen con su política de desahucios, con más de 300.000 familias que han perdido su vivienda familiar y muchas de ellas viven ya bajo el umbral de la pobreza.
Por otro lado, estas entidades bancarias que han pedido ayuda al Estado son las mismas que han colocado, en muchos casos de manera fraudulenta, productos como las participaciones preferentes a ahorradores que no cumplían el perfil de inversor, y hoy casi un millón de españoles están atrapados en este corralito financiero. Todo ello con el visto bueno de los que deberían ser órganos supervisores como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Y como colofón a esta situación, los responsables de las entidades financieras que han gestionado mal sus empresas en vez de perder su patrimonio o pasar por los juzgados como le sucede a cualquiera que haya gestionado mal su empresa, se van con pensiones vitalicias escandalosas y con el consentimiento de nuestros dirigentes políticos. Seguro que algo tendrá que ver que en la inmensa mayoría de cajas de ahorro eran representantes de partidos políticos, sindicatos y patronales los que se sentaban en sus consejos de administración y avalaban la burbuja financiera e inmobiliaria que se creó durante una década.
Tanto PSOE como PP están utilizando dos varas de medir para gestionar la crisis: la vara de las clases medias, que habiendo cometido errores o no están pagando con quiebras, pérdida de empleo, pérdida de derechos sociales y subida de impuestos; y la vara de medir de los dirigentes políticos y banqueros irresponsables que se jubilarán con acrecentados patrimonios intactos y pensiones vitalicia.
Es incuestionable que este gobierno goza de potestas, porque ganó con mayoría absoluta las elecciones hace unos meses. Pero en un momento excepcional como el que vive España, es fundamental que quien nos gobierne también tenga auctoritas, es decir legitimidad moral ante la ciudadanía. Si los que nos gobiernan solo se atreven a ser fuertes e implacables con los débiles- las clases medias y los más desfavorecidos- y en cambio son débiles y cobardes con los más fuertes- partitocracia y poder financiero- los indignados no serán los que acampan en Sol, sino la mayoría de españoles, hartos de ser invitados a la fiesta y acabar pagando siempre la cuenta, mientras que los que la montaron se van por el garaje y con los bolsillos llenos.
Albert Rivera
Presidente de Ciudadanos
