Recortes y manipulación

20/12/11

Recortes y manipulación

Para Mas y los nacionalistas la construcción nacional está por encima de todo incluso de la calidad sanitaria o educativa

 

Es evidente que la crisis económica y financiera  y la desviación de gasto en los últimos años en la  Generalitat ha generado un verdadero cráter- así lo calificó el presidente Artur Mas- en las finanzas públicas catalanas. Hemos conocido que la Generalitat ha batido su record histórico de endeudamiento acaparando el 31% de la deuda total de las Comunidades Autónomas. Ante esta realidad es evidente que el gobierno actual debe plantearse, como una prioridad, la reducción del déficit público. El debate no es que se recorte sino en qué se recorta, a quien y de qué manera se realizan estos recortes .

 

 

Y Artur Mas ha empezado la casa por el tejado, recortando en lo más esencial para las personas  en un estado social como el nuestro: la sanidad pública, la educación pública y los  servicios sociales. Y además haciéndolo con absoluta opacidad, sin un plan  para la legislatura e intentando aprovechar los recortes para llevar el agua a sus tesis nacionalistas de victimismo y  culpar al estado y al conjunto de españoles -como siempre- de las consecuencias de la mala gestión de la Generalitat. 

 

 

El gobierno nacionalista, que cuenta con el apoyo del PP de Sánchez Camacho, está aplicando recortes en el ámbito sanitario sin ningún tipo de diálogo con los profesionales de la sanidad, haciéndolo con criterios puramente contables y no médicos. A fecha de hoy y después de un año de legislatura, Boi Ruiz aún no ha presentado en el parlamento catalán el plan de salud. Los ciudadanos, los profesionales que dan la cara cada día ante los pacientes y el parlamento se están enterando del plan oculto del gobierno a través de los periódicos y, en el mejor de los casos,  por circulares a las direcciones de los hospitales y centros de salud.

 

 

Mientras todo esto sucede, CIU rechaza suprimir estructuras políticas como los consejos comarcales que tienen un presupuesto de 560 millones, más de la mitad de lo que suponen estos últimos recortes anunciados para 2012, o se mantiene un gasto anual entrono a 300 millones en televisión y radio autonómica. Pero está claro que para Mas y los nacionalistas la construcción nacional está por encima de todo incluso de la calidad sanitaria o educativa.

 

 

El último capítulo de  manipulación y victimismo lo hemos vivido con la disputa entre CIU y PSOE por la inversión en infraestructuras del estado. CIU quería que los socialistas, antes de marcharse de la Moncloa, cumplieran con el compromiso político al que habían llegado con Zapatero de invertir 759 millones. Si bien es cierto que este compromiso de obra pública debería cumplirse aunque no sea una obligación estatutaria -ya que la disposición adicional tercera fue interpretada por el TC como una cláusula no vinculante- es una grave irresponsabilidad dar una rueda de prensa como hicieron Mas-Colell y Homs y decir que los recortes a los sueldos a los funcionarios, que dependen del presupuesto de la Generalitat, se producen porque el gobierno central no invierte esos 750 millones de euros en carreteras o trenes en Cataluña. 

 

 

No se puede hacer un plan de recortes pidiendo un gran esfuerzo a los ciudadanos sin contar con ellos, de manera oculta y generando incertidumbre en familias y empresas,  sin recortar previamente en estructuras y gastos absolutamente prescindibles y además manipulando continuamente a la opinión pública para culpar de la nefasta situación financiera de la Generalitat al conjunto de españoles que también pagan y sufren esta crisis igual que los ciudadanos de Cataluña.

16/5/12

El mundo al revés

 

La catastrófica situación del sector financiero español y  las decisiones que socialistas y populares de manera conjunta han ido tomando en los últimos tres años llevan a pensar que España se ha convertido en el mundo al revés.

 

Los ciudadanos, que  sufren recortes de derechos y subida de impuestos, por decisión de PSOE y PP, están prestando dinero a los bancos para que estos no quiebren, mientras los bancos que deberían garantizar la función social del crédito para que funcione nuestra economía no prestan dinero a los ciudadanos ni a las empresas que quiebran en muchos casos por falta de crédito.

 

Además, la mayoría de entidades que están siendo rescatadas con dinero público siguen con su política de desahucios, con más de 300.000 familias que han perdido su vivienda familiar y muchas de ellas viven ya bajo el umbral de la pobreza.

 

Por otro lado, estas entidades bancarias que han pedido ayuda al Estado son las mismas que han colocado, en muchos casos de manera fraudulenta, productos como las participaciones preferentes a ahorradores que no cumplían el perfil de inversor, y hoy casi un millón de españoles están atrapados en este corralito financiero. Todo ello con el visto bueno de los que deberían ser órganos supervisores como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

 

Y como colofón a esta situación, los responsables de las entidades financieras que han gestionado mal sus empresas en vez de perder su patrimonio o pasar por los juzgados como le sucede a cualquiera que haya gestionado mal su empresa, se van con pensiones vitalicias escandalosas y con el consentimiento de nuestros dirigentes políticos. Seguro que algo tendrá que ver que en la inmensa mayoría de cajas de ahorro eran representantes de partidos políticos, sindicatos y patronales los que se sentaban en sus consejos de administración y avalaban la burbuja financiera e inmobiliaria que se creó durante una década.

 

Tanto PSOE como PP están utilizando dos varas de medir para gestionar la crisis: la vara de las clases medias, que habiendo cometido errores o no están pagando con quiebras, pérdida de empleo, pérdida de derechos sociales y  subida de impuestos; y la vara de medir de los dirigentes políticos y banqueros irresponsables que se jubilarán con acrecentados patrimonios intactos y pensiones vitalicia.

 

Es incuestionable que este gobierno goza de potestas, porque ganó con mayoría absoluta las elecciones hace unos meses. Pero en un momento excepcional como el que vive España, es fundamental que quien nos gobierne también tenga auctoritas, es decir legitimidad moral ante la ciudadanía. Si los que nos gobiernan solo se atreven a ser fuertes e implacables con los débiles- las clases medias y los más desfavorecidos- y  en cambio son débiles y cobardes con los más fuertes- partitocracia y poder financiero- los indignados no serán los que acampan en Sol, sino la mayoría de españoles, hartos de ser invitados a la fiesta y acabar pagando siempre la cuenta, mientras que los que la montaron se van por el garaje y con los bolsillos llenos.

 

Albert Rivera

Presidente de Ciudadanos

 

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