Educación inconstitucional

8/2/12

Educación inconstitucional

 

La consejera catalana de educación, Irene Rigau, aseguraba tras el anuncio del ministro Wert de introducir la educación cívica y constitucional en las aulas españolas que el gobierno convergente impartirá “educación estatutaria”  y que enseñarán a los alumnos “que la Constitución ha recortado derechos a los catalanes”.

Estas palabras destilan la lógica nacionalista: la Constitución es a España lo que el Estatuto es a Cataluña, y el castellano es 

a España lo que el catalán a Cataluña. Una lógica basada en las siguientes premisas falsas: Cataluña es una nación sin estado, que tarde o temprano se debe separar del resto de España, los catalanes somos diferentes y por eso hablamos una lengua distinta que los españoles, y que el enemigo y culpable de nuestros males es España y el marco constitucional impuesto.

Pero, lejos del matrix nacionalista debería primar para para las instituciones del estado la realidad: Cataluña es una comunidad autónoma cuyo autogobierno y competencias emanan precisamente de la Constitución, que tuvo en las provincias catalanas un apoyo masivo de casi el 90% de los votos- mucho más que la última reforma estatutaria-, donde la mayoría de los ciudadanos según los propios estudios publicados por la Generalitat tienen como lengua materna y habitual el castellano y gracias al reconocimiento  constitucional  tenemos una lengua co-oficial, el catalán, en régimen de igualdad con el castellano hablada también por millones de catalanes. Y es, según los tribunales, el  gobierno de Mas quien está menoscabando derechos  a los catalanes.

Si los sucesivos gobiernos centrales, asumiendo los intereses de sus barones locales como pasó con Montilla o ahora con Sánchez-Camacho, no garantizan  el cumplimiento de las leyes por sus pactos políticos con los partidos secesionistas, los verdaderos responsables de no tener un sistema educativo constitucional en Cataluña no serán solo CIU o ERC, sino también PSOE y PP. Si no se utilizan las herramientas de coordinación, como la Alta Inspección del Estado para velar por la legalidad de contenidos o régimen lingüístico, a quien habrá que pedirle explicaciones y responsabilizar de la insumisión de sus socios es al señor que reside en la Moncloa.

16/5/12

El mundo al revés

 

La catastrófica situación del sector financiero español y  las decisiones que socialistas y populares de manera conjunta han ido tomando en los últimos tres años llevan a pensar que España se ha convertido en el mundo al revés.

 

Los ciudadanos, que  sufren recortes de derechos y subida de impuestos, por decisión de PSOE y PP, están prestando dinero a los bancos para que estos no quiebren, mientras los bancos que deberían garantizar la función social del crédito para que funcione nuestra economía no prestan dinero a los ciudadanos ni a las empresas que quiebran en muchos casos por falta de crédito.

 

Además, la mayoría de entidades que están siendo rescatadas con dinero público siguen con su política de desahucios, con más de 300.000 familias que han perdido su vivienda familiar y muchas de ellas viven ya bajo el umbral de la pobreza.

 

Por otro lado, estas entidades bancarias que han pedido ayuda al Estado son las mismas que han colocado, en muchos casos de manera fraudulenta, productos como las participaciones preferentes a ahorradores que no cumplían el perfil de inversor, y hoy casi un millón de españoles están atrapados en este corralito financiero. Todo ello con el visto bueno de los que deberían ser órganos supervisores como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

 

Y como colofón a esta situación, los responsables de las entidades financieras que han gestionado mal sus empresas en vez de perder su patrimonio o pasar por los juzgados como le sucede a cualquiera que haya gestionado mal su empresa, se van con pensiones vitalicias escandalosas y con el consentimiento de nuestros dirigentes políticos. Seguro que algo tendrá que ver que en la inmensa mayoría de cajas de ahorro eran representantes de partidos políticos, sindicatos y patronales los que se sentaban en sus consejos de administración y avalaban la burbuja financiera e inmobiliaria que se creó durante una década.

 

Tanto PSOE como PP están utilizando dos varas de medir para gestionar la crisis: la vara de las clases medias, que habiendo cometido errores o no están pagando con quiebras, pérdida de empleo, pérdida de derechos sociales y  subida de impuestos; y la vara de medir de los dirigentes políticos y banqueros irresponsables que se jubilarán con acrecentados patrimonios intactos y pensiones vitalicia.

 

Es incuestionable que este gobierno goza de potestas, porque ganó con mayoría absoluta las elecciones hace unos meses. Pero en un momento excepcional como el que vive España, es fundamental que quien nos gobierne también tenga auctoritas, es decir legitimidad moral ante la ciudadanía. Si los que nos gobiernan solo se atreven a ser fuertes e implacables con los débiles- las clases medias y los más desfavorecidos- y  en cambio son débiles y cobardes con los más fuertes- partitocracia y poder financiero- los indignados no serán los que acampan en Sol, sino la mayoría de españoles, hartos de ser invitados a la fiesta y acabar pagando siempre la cuenta, mientras que los que la montaron se van por el garaje y con los bolsillos llenos.

 

Albert Rivera

Presidente de Ciudadanos

 

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