“Algunes de les reformes i reivindicacions del 15M són igual o més vigents ara que quan va néixer el moviment”
Educación inconstitucional
Educación inconstitucional
La consejera catalana de educación, Irene Rigau, aseguraba tras el anuncio del ministro Wert de introducir la educación cívica y constitucional en las aulas españolas que el gobierno convergente impartirá “educación estatutaria” y que enseñarán a los alumnos “que la Constitución ha recortado derechos a los catalanes”.
Estas palabras destilan la lógica nacionalista: la Constitución es a España lo que el Estatuto es a Cataluña, y el castellano es
a España lo que el catalán a Cataluña. Una lógica basada en las siguientes premisas falsas: Cataluña es una nación sin estado, que tarde o temprano se debe separar del resto de España, los catalanes somos diferentes y por eso hablamos una lengua distinta que los españoles, y que el enemigo y culpable de nuestros males es España y el marco constitucional impuesto.
Pero, lejos del matrix nacionalista debería primar para para las instituciones del estado la realidad: Cataluña es una comunidad autónoma cuyo autogobierno y competencias emanan precisamente de la Constitución, que tuvo en las provincias catalanas un apoyo masivo de casi el 90% de los votos- mucho más que la última reforma estatutaria-, donde la mayoría de los ciudadanos según los propios estudios publicados por la Generalitat tienen como lengua materna y habitual el castellano y gracias al reconocimiento constitucional tenemos una lengua co-oficial, el catalán, en régimen de igualdad con el castellano hablada también por millones de catalanes. Y es, según los tribunales, el gobierno de Mas quien está menoscabando derechos a los catalanes.
Si los sucesivos gobiernos centrales, asumiendo los intereses de sus barones locales como pasó con Montilla o ahora con Sánchez-Camacho, no garantizan el cumplimiento de las leyes por sus pactos políticos con los partidos secesionistas, los verdaderos responsables de no tener un sistema educativo constitucional en Cataluña no serán solo CIU o ERC, sino también PSOE y PP. Si no se utilizan las herramientas de coordinación, como la Alta Inspección del Estado para velar por la legalidad de contenidos o régimen lingüístico, a quien habrá que pedirle explicaciones y responsabilizar de la insumisión de sus socios es al señor que reside en la Moncloa.

